En Noviembre de 2017 se creó El Centro de
Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, con el fin de brindar asistencia legal
gratuita a los ciudadanos que deseen denunciar ante las autoridades competentes
presuntos casos de corrupción.
Esta institución cumple con dos
propósitos: el primero consiste en fortalecer las capacidades ciudadanas para
denunciar hechos de corrupción y, el segundo incidir a favor de cambios
institucionales y legales que contribuyan al logro de una mayor sanción de la
corrupción.
Los Centros de Asesoría Legal
Anticorrupción son una iniciativa de transparencia internacional, que actualmente,
tiene presencia en más de 100 centros en 60 países.
Dichos centros han atendido más de 140.000
casos de corrupción, de igual forma, y hasta el momento, ALAC ha recibido más
de 100 solicitudes en 18 departamentos del país.
¿Cómo
se denuncia un caso de corrupción?
• Reporte del caso: los ciudadanos
reportan un caso de presunta corrupción a través del formulario dispuesto en la
página web de Transparencia por Colombia.
• Verificación: el Centro de Asesoría
Legal Anticorrupción verifica si se trata o no de un presunto caso de
corrupción. Si el reporte se hace de manera anónima no se da apertura del
proceso de asesoría legal.
• Respuesta inicial: dentro de los
siguientes 10 días hábiles, el centro ALAC contacta al ciudadano y le informa
si su caso cumple o no con las condiciones para iniciar la asesoría.
• Asesoría: el Centro de Asesoría Legal
Anticorrupción brinda asesoría al ciudadano sobre la documentación requerida
para sustentar su denuncia.
• Presentación de la denuncia: el
ciudadano denuncia formalmente el caso ante la autoridad competente.
• Seguimiento: el Centro de Asesoría Legal
Anticorrupción hace seguimiento del avance de los casos e informa al
denunciante.
• Análisis: el centro ALAC analiza los
datos recolectados en su plataforma para determinar las principales barreras
que impiden la sanción efectiva de la corrupción y así poder aumentar la
exigencia a entidades públicas para que diseñen e implementen acciones en
materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción.
