Se crea herramienta para denunciar actos de corrupción en Colombia





En Noviembre de 2017 se creó El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, con el fin de brindar asistencia legal gratuita a los ciudadanos que deseen denunciar ante las autoridades competentes presuntos casos de corrupción.

Esta institución cumple con dos propósitos: el primero consiste en fortalecer las capacidades ciudadanas para denunciar hechos de corrupción y, el segundo incidir a favor de cambios institucionales y legales que contribuyan al logro de una mayor sanción de la corrupción.

Los Centros de Asesoría Legal Anticorrupción son una iniciativa de transparencia internacional, que actualmente, tiene presencia en más de 100 centros en 60 países.

Dichos centros han atendido más de 140.000 casos de corrupción, de igual forma, y hasta el momento, ALAC ha recibido más de 100 solicitudes en 18 departamentos del país.

¿Cómo se denuncia un caso de corrupción?

• Reporte del caso: los ciudadanos reportan un caso de presunta corrupción a través del formulario dispuesto en la página web de Transparencia por Colombia.

• Verificación: el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción verifica si se trata o no de un presunto caso de corrupción. Si el reporte se hace de manera anónima no se da apertura del proceso de asesoría legal.

• Respuesta inicial: dentro de los siguientes 10 días hábiles, el centro ALAC contacta al ciudadano y le informa si su caso cumple o no con las condiciones para iniciar la asesoría.

• Asesoría: el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción brinda asesoría al ciudadano sobre la documentación requerida para sustentar su denuncia.

• Presentación de la denuncia: el ciudadano denuncia formalmente el caso ante la autoridad competente.

• Seguimiento: el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción hace seguimiento del avance de los casos e informa al denunciante.

• Análisis: el centro ALAC analiza los datos recolectados en su plataforma para determinar las principales barreras que impiden la sanción efectiva de la corrupción y así poder aumentar la exigencia a entidades públicas para que diseñen e implementen acciones en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción.


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